LA AUSENCIA DEL ESTADO MATA. "CON US$30 NOS AHORRÁBAMOS ESTA TRAGEDIA"



Al asumir, el Gobierno de Mauricio Macri, decidió prorrogar por decreto la implementación del control electrónico de estabilidad (ESP) obligatorio para los autos comercializados en la Argentina, que había consensuado con las automotrices y programado la Agencia Nacional de Seguridad Vial (disposición 591/2014).

La medida original iba a regir desde enero de 2018 para todos los nuevos modelos lanzados a la venta, y desde enero de 2020 para todos los 0km del mercado. “Lamentablemente tras quejas de las principales automotrices del país, se decidió postergarlo hasta enero de 2020, para los nuevos modelos, y enero de 2022, para todos los 0km”, explicó Axel Dell`olio, titular de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADISIV).

Por eso expresó que “con 30 dólares –es lo que cuesta el dispositivo de control- nos ahorrábamos esta tragedia y las que seguirán ocurriendo, porque sabemos que esto seguirá sucediendo por la acefalia que existe en materia de seguridad vial, donde los interese de las corporaciones prevalecen sobre la prevención y resguardo de la población”.

El control electrónico de estabilidad es un elemento de seguridad activa del vehñiculo que actúa frenando individualmente las ruedas en situaciones de riesgo para evitar derrapes, tanto sobrevirajes, como subvirajes, lo que le permite al conductor del vehículo mantener el control.

En relación al siniestro donde se vieron involucrados 43 menores de la Escuela Primaria 41, 6 mayores, 2 coordinadores y 2 choferes, que se dirigían desde Benavides a San Clemente del Tuyu, Dell`olio lamentó el deceso de las dos niñas Dea Bianco Delfina y Moran Mía, pero aseguró que “el número de víctimas fatales aún no está confirmado; desde el Ministerio de Salud de la provincia ya confirmaron código rojo para 3 menores de edad que sufrieron traumatismos múltiples y amputaciones”, añadió y volvió a cuestionar la pérdida de vidas por razones evitables.

Actualmente, en la Argentina se producen más de 5.000 muertes evitables cada año, por eso, “la gestión de la seguridad vial debe ser preventiva, debe convertirse en inversión y no en gasto una vez que suceden las tragedias”, recomendó el especialista.

Esta problemática le cuesta al Estado alrededor del 2% del PBI ($175.655 millones) en asistencia a las víctimas en lugar de invertir en acciones preventivas y fomentar la actualización a los fabricantes y empresas de transporte. La Unión Interparlamentaria con sede en Ginebra, Suiza, destaca que por cada dólar invertido en seguridad vial se ahorran US$7 en el sistema de salud para tratar las consecuencias.

La OMS refleja que por año fallecen 1.25 millones de personas y se producen entre 20 y 50 millones de lesionados, de los cuales un 12% queda con alguna lesión permanente. “Si traspolamos el cálculo de las OMS a la Argentina donde se registran 140 mil heridos por año, podemos estimar que cerca de 12 mil personas padecen alguna lesión permanente y pierden calidad de vida, lo que afecta no sólo su propio desarrollo, sino el de su entorno familiar, por una razón evitable”, apuntó.

En el mismo sentido se expresó Viviam Perrone, titular de la Asociación Madres del Dolor: “Políticos, morimos 20 x día! Y hasta q no sepamos bien q paso, NO ES UN ACCIDENTE. Es un hecho vial”, destacó. Y envió un mensaje a los familiares de las víctimas. “Pido mucha fuerza para esas familias. No se imaginan el dolor q les espera”, apuntó Perrone, que perdió a su hijo Kevin de 14 años, en un siniestro vial.

Por último, Dell`olio llamó a la reflexión y bregó por el desarrollo de una política de Estado sobre Educación y Seguridad Vial: “Por más esfuerzo que haga la ciudadanía, el rol del Estado en esta materia es indelegable. No sólo necesitamos caminos nuevos, sino además educar, regular, controlar y sancionar”.

“Es urgente posicionar en la agenda de gobierno la Seguridad Vial pero hay que dar vuelta la matriz y buscar la manera de articular acciones entre organismos y ministerios”, concluyó el especialista.